Desde 1991 los niños apenas tienen oportunidades de ir a la escuela. El sistema educativo se ha venido abajo tras el conflicto. La educación es obligatoria entre los 6 y los 12 años. En educación primaria acuden a la escuela alumnos más mayores para recibir la educación que no recibieron durante la guerra civil. No existen estadística fiables.
La ley no prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad física o intelectual. No existen programas del gobierno para ayudar a los niños con necesidades especiales.
El acceso mejorado a fuentes de agua potable en 2004 en Somalia es para el 29% de la población, y el acceso a servicios sanitarios es para el 26% de la población.

Antes del conflicto, la economía se basaba fundamentalmente en la cría de ganado y en el cultivo de algunas regiones, sobre todo en el sur. Hasta esta fecha el gobierno había hecho intentos de diversificar y modernizar la base económica del país a través de una serie de planes de desarrollo ejecutados gracias a las ayudas y préstamos internacionales.
Cuando estalló la guerra civil, la actividad industrial del país estaba iniciando una etapa de crecimiento. A comienzos de la década de 1990 la guerra civil había sumido a la economía del país en un estado de quiebra total.
En la actualidad, su economía se basa en la ganadería y diversas exportaciones a India, Omán, Qatar, entre otros. En la actualidad, Somalia depende de la ayuda extranjera para su desarrollo, principalmente.
Los yacimientos y riquezas minerales no se están explotando debido a que la situación socio-económica no lo permite.
Está en desarrollo el sector del cemento, algodonero y alimenticio (conservas de carne y pescado, frutas en conserva, elaboración de aceite de semillas), textil, del calzado y piel, y cuenta también plantas para el refinado de petróleo y de azúcar.
No se cumplen las leyes que prohíben las peores formas de trabajo infantil. La ley permite a los niños de 12 años realizar algún tipo de trabajo. En las zonas rurales los niños trabajan en la agricultura de subsistencia, mientras que en la ciudad trabajan en empresas familiares o como vendedores ambulantes.

«Somalia se vio afectada por varios shocks durante 2019 y 2020: sequía, inundaciones, invasiones de langostas y la pandemia de COVID-19. Como resultado, el PIB real, que creció un 2,9% en 2019, se contrajo un 1,5% en 2020, principalmente debido a las medidas de contención del COVID-19, como las restricciones de viaje y las interrupciones de la cadena de suministro y de valor. El crecimiento también se ha visto afectado por la reducción de la inversión extranjera directa, ya que los inversores huyeron durante las polémicas elecciones que se pospusieron, una contracción de las remesas debido a la recesión mundial y las prohibiciones de las exportaciones de ganado por parte de los países del Golfo. El desarrollo del sector financiero es todavía incipiente y no hay margen para la política monetaria debido a la dolarización y la falsificación de moneda. Se estimó que la inflación anual disminuiría al 4% en 2020 desde el 4,7% en 2019, debido a la reducción de impuestos sobre los productos alimenticios esenciales y a la mejora del suministro de alimentos. El chelín somalí se mantuvo relativamente estable, depreciándose menos del 1% entre enero y noviembre de 2020, ya que la dolarización generalizada redujo la oferta de moneda falsa. Persiste un déficit comercial estructural; las exportaciones siguen siendo inferiores a las importaciones. Se espera que el descenso de las exportaciones y la reducción de las entradas financieras netas agraven el déficit por cuenta corriente en 2020, estimado en un 12,8%. Siete de cada 10 somalíes sobreviven con menos de 1,90 dólares al día, y es probable que la crisis del COVID-19 haya aumentado la pobreza, como sugiere el descenso del 4,4% de la renta real per cápita» (Fuente: AFDB).

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los miembros de las fuerzas armadas y la policía. Los sindicatos tienen derecho a la huelga. El trabajo forzado sigue siendo un problema.