África Fundación Sur, 31 de Mayo- Sudán prohibió el día 28 de mayo a tres activistas abandonar el país para asistir a la conferencia sobre el Tribunal Penal Internacional, que ha emitido una orden de arresto para el presidente sudanés, Omar Al Bashir, por crímenes de guerra.
Ha sido parte de una represión de las libertades políticas, que habían mejorado un poco antes de las elecciones de abril, que se vieron enturbiadas por el poycot de la oposición, alegando fraude y que permitieron a Bashir y su Partido del congreso Nacional seguir en el gobierno, por una mayoría aplastante.
Los activistas, entre los que estaba Saleh Mahmoud, un abogado de Darfur, que ganó un premio de derechos humanos del parlamento europeo, dicen que les confiscaron sus pasaportes en el aeropuerto de Jartum y se les impidió asistir a la conferencia sobre el ICC, en la vecina Uganda.
“Esto es obviamente una violación de nuestra libertad”, señaló Mahmoud a la agencia de información Reuters, “nos dijeron que podíamos ir a la oficina política de las fuerzas de seguridad nacional en una semana, para recoger nuestros pasaportes”.
Junto a Mahmoud estaba la hija del último líder elegido democráticamente en Sudán, Mariam al Mahdi, y otro abogado, Bukhari Jaa’ali.
“Esta conferencia tiene como objetivo Sudán”, dijo una fuente de seguridad sudanesa, pero no dio más detalles.
Entre el 31 de mayo y el 11 de junio, una conferencia celebrada en Kampala, revisará el tratado por el cual se formó el ICC, y se discutirá el impacto de este tribunal internacional en las víctimas, la justicia y la paz. El ICC se ha centrado principalmente en los conflictos africanos cuyos gobiernos han trasferido dichos casos, como Uganda, que trasfirió el caso del grupo rebelde LRA al ICC.
El conflicto de Darfur, en Sudán, fue el primer caso trasferido al Tribunal por el Consejo de Seguridad de la ONU, en 2005. El ICC desde entonces ha emitido una orden de arresto para un ministro del gobierno, una para un líder de milicia de Darfur y, el año pasado, una para el propio presidente, Omar Al Bashir, acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Después de los rebeldes cuya mayoría son No árabes, se levantasen en armas en 2003, acusando a Jartum de marginar la remota zona de Darfur, una campaña de contra insurgencia ha provocado más de dos millones de desplazados.
Bashir respondió a la orden de arresto contra él expulsando del país a 13 agencias de ayuda humanitaria, que trabajaban en Darfur, acusándolas de ser espías para el tribunal.