Tres meses después de la caída de Muamar al Gadafi, la inestabilidad política hace cada vez más difícil la construcción de la nueva Libia. La dificultad del gobierno provisional de imponer su autoridad en todo el país y las sospechas de que los abusos y las violaciones de los derechos humanos hayan sobrevivido a la dictadura siembran dudas sobre la capacidad de las autoridades de pilotar la transición.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, manifestó este miércoles al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su preocupación por la situación de miles de prisioneros, unos 8.000, en su mayoría leales del régimen de Gadafi e inmigrantes de origen sub-sahariano, detenidos durante la guerra civil por las milicias revolucionarias. “La falta de control por parte de las autoridades centrales crean un ambiente propicio para la tortura y los malos tratos”, afirmó Pillay. La comisionada alertó sobre las denuncias de casos de tortura en centros de detención secretos en manos de milicianos fuera del control del Consejo Nacional de Transición. Los mismos grupos que están detrás de los recientes episodios de violencias en Trípoli, Bengasi y Bani Walid. En esta última ciudad, exbastión gadafista en la provincia occidental de Misrata, cinco personas murieron entre el lunes y el martes en violentos enfrentamientos entre grupos armados.
Las primeras informaciones apuntaban a un grupo de leales a Gadafi que se había hecho con el control de la ciudad. El ministro de defensa libio, quien visitó el miércoles la ciudad, Usama al Juwali, desmintió esta versión y aseguró que no se trató de combates entre revolucionarios y expartidarios del dictador, “sino entre grupos de jóvenes, uno de los cuales era la Brigada del 28 de Mayo". Pero fuentes locales han asegurado a la BBC que el 90% de la ciudad está bajo el control de la milicia que se enfrentó a las fuerzas gubernamentales.
A pesar del desmentido del ministro, el enviado de Naciones Unidos en Libia, Ian Martin, en su comparecencia el miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU, subrayó que el episodio es otro síntoma más de la debilidad del Gobierno a la hora de gestionar la reconciliación de todas las facciones y las tribus que componen el complicado panorama político del país. “El antiguo régimen pueden haber sido derrumbado, pero la dura realidad es que el pueblo libio sigue viviendo con su arraigado legado”, declaró Martin. Una herencia que se expresa, según el enviado de la ONU, “en la debilidad, a veces la falta, de instituciones estatales, junto a la larga ausencia de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, que hacen la transición en el país más difícil”. Martin reconoció que algo se ha empezado a hacer para la desmilitarización de los excombatientes pero las autoridades luchan para imponer su autoridad. Esto, junto a la circulación descontrolada de armas, hace que se esfumen las líneas de comando.
Vía | El País