Poder ejecutivo

Jefe de Estado: Presidente Evariste Ndayishimiye * (desde junio 2020)  (CNDD-FDD’s )

Jefe de Gobierno: Primer ministro Alain Guillaume Bunyoni ** (desde junio 2020)

** El cargo de primer ministro se restableció en 2020 en virtud de una enmienda constitucional de 2018 (aprobada en referéndum). El  referéndum constitucional de 2018 introdujo otros cambios: aumento del mandato presidencial de 5 a 7 años, límite de 2 mandatos consecutivos y reducción del número de vicepresidentes (de 2 a 1).

El presidente es elegido por sufragio universal y por mayoría absoluta, en 2 vueltas si es necesario, para un mandato de 7 años (elegible para un segundo mandato). En las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2020 (las próximas serán en 2025), celebradas en paralelo a las parlamentarias, el candidato del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia – Frente para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), Evariste Ndayishimiye, fue elegido presidente, con el 71.5% de los votos. El principal partido político de la oposición, el Congreso Nacional por la Libertad (CNL), que presentaba a Agathon RWASA como candidato, denunció fraude en los comicios y presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. El 9 de junio de 2020, el Gobierno anunció que el presidente saliente, Pierre Nkurunziza (quien ocupaba el cargo desde 2005), había fallecido. El 12 de junio, el Tribunal Constitucional dictaminó que el Sr. Ndayishimiye debía jurar su cargo lo antes posible. Prestó juramento el 18 de junio en lugar del 20 de agosto.

Poder legislativo

Parlamento bicameral: el Senado o Inama Nkenguzamateka (39 escaños en las elecciones de julio de 2020): 36 miembros son elegidos indirectamente por un colegio electoral de consejos provinciales, mediante un sistema de votación a tres vueltas, que requiere una mayoría de dos tercios de los votos en las dos primeras vueltas y mayoría simple para los dos candidatos principales en la última vuelta; 3 escaños están reservados para los Twas, y el 30% de todos los votos están reservados para las mujeres. Los miembros tienen un mandato de 5 años. La Asamblea Nacional o Inama Nshingamateka (123 escaños en las elecciones de mayo de 2020): 100 miembros son elegidos por sufragio universal en circunscripciones plurinominales, por voto de representación proporcional; otros 23 miembros son cooptados; el 60% de los escaños están asignados a los hutus y el 40%, a los tutsis; 3 escaños están reservados a los twas; y el 30% del total de los escaños están reservados a las mujeres. Los miembros ejercen un mandato de 5 años.

En 2020, 72 hutus y 28 tutsis (incluyendo un total de 35 mujeres) fueron elegidos directamente. Para respetar el equilibrio 60:40 entre hutus y tutsis y la cuota del 30% de mujeres, se cooptaron 20 tutsis (9 hombres y 11 mujeres), lo que hace que haya 46 mujeres entre los 120 miembros. Además, se cooptaron 3 representantes twa (incluida una mujer). La Asamblea Nacional recién elegida está compuesta por un total de 123 miembros, de los cuales 47 son mujeres.

Poder judicial

El sistema jurídico de Burundi se basa en los códigos civiles alemán y belga, y en el derecho consuetudinario. El más alto tribunal del país es el Tribunal Supremo. También existen en Burundi tribunales de apelación, tribunales administrativos, un tribunal constitucional y tribunales de primera instancia, comercio y trabajo.

En 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución para crear una Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, así como un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos.

Sistema legal: sistema jurídico mixto de derecho civil belga y derecho consuetudinario

Creado en el siglo XVII, el Reino de Burundi se mantuvo bajo el dominio colonial alemán a finales del siglo XIX y principios del XX, y luego por Bélgica tras la Primera Guerra Mundial. Burundi se independizó de Bélgica en 1962 como Reino de Burundi, pero la monarquía fue derrocada en 1966 y se estableció una república.

Desde su independencia ha vivido una constante tensión política y social derivada del enfrentamiento entre las dos principales etnias, hutu y tutsi. Los episodios de limpieza étnica, las dos guerras civiles en las décadas de los 70 y de los 90 del siglo XX y la crisis sufrida en 2015 se han saldado con cientos de miles de muertos y otros tantos de refugiados en los países vecinos. En 1996, mediante un golpe de estado, el tutsi Pierre Buyoya se hizo con el poder, suspendiendo la constitución y forzando a numerosas personas al confinamiento en campos de refugiados. El principal foco opositor era el grupo armado hutu FNL-Palipehutu. Por esas fechas, ante la presión internacional y gracias a la mediación de naciones africanas como Tanzania y Sudáfrica, se iniciaron las conversaciones de paz entre los principales actores del conflicto, dando lugar al proceso de paz de Arusha (2000), que contó con el arbitrio de importantes líderes africanos, como Julius Nyerere y Nelson Mandela. Las Naciones Unidas también desplegaron una misión en Burundi, compuesta de personal tanto militar como civil, con objeto de colaborar en el proceso de paz.

El proceso de paz y desarme prosiguió en Burundi, siendo reseñable la declaración del 4 diciembre de 2008, por la que el Gobierno burundés y el FNL-Palipehutu acordaron la liberación de prisioneros por ambos bandos y el ingreso del FNL –que abandonó el distintivo “Palipehutu”- dentro del sistema de la política burundesa como un partido de hecho.

Desde 2005, la escena política burundesa se encuentra dominada por el partido político Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Democracia (CNDD-FDD), formación política del antiguo grupo rebelde hutu durante la guerra civil (1993-2005).

La violencia desencadenada por la decisión del presidente Nkurunziza – quien estuvo en el poder desde 2005 hasta su muerte en 2020 por el CNDD-FDD– de presentarse a un tercer mandato en 2015 no permitido por la Constitución, pero avalado por el Tribunal Constitucional, y la represión subsiguiente al intento de golpe de Estado de ese mismo año, desataron una oleada de protestas, que provocaron más de un centenar de muertos en combates entre el ejército y los rebeldes, y cerca de medio millón de refugiados (en Tanzania, Ruanda, Uganda y RDC).

Las denuncias de abusos y violaciones de derechos perpetrados en el contexto de dicha crisis llevó al Consejo de Derechos Humanos de NNUU al establecimiento de una Comisión de Investigación (CI) en 2016 con el fin de identificar a sus responsables y velar por su enjuiciamiento. El informe de la CI, presentado en septiembre de 2020, señala que hay motivos razonables para creer que en Burundi se han cometido crímenes de lesa humanidad. Cabe destacar que en octubre de 2017 Burundi se retiró de la Corte PenaI Internacional tras iniciarse en la misma una investigación por indicios de crímenes de lesa humanidad.

Evariste Ndayishimiye, candidato oficialista por el partido CNDD-FDD, ganó las elecciones presidenciales el 20 de mayo de 2020 con un 67% de los votos, y juró anticipadamente el cargo el pasado 18 de junio, una semana después del repentino fallecimiento del presidente Nkurunziza. Por su parte, el principal partido de la oposición, el CNL, con Agathon Rwasa ( antiguo dirigente de una milicia hutu durante la guerra civil-1993-2005), como candidato, obtuvo un 24% de los sufragios.

Relaciones internacionales

Las relaciones de Burundi con los organismos internacionales, y especialmente con NNUU, se encontraban en una situación delicada hasta las últimas elecciones presidenciales de 2020; tras las medidas anunciadas por el Gobierno para luchar contra la impunidad, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puso fin, el 4 de diciembre de 2020, al mandato del Secretario General de NNUU de presentar informes periódicos sobre la situación en Burundi, pasando a ocuparse del país como parte de sus informes periódicos sobre la región de los Grandes Lagos y África Central.

Burundi mantiene una estrecha relación con la RDC, país con el que comparte frontera y al que permite realizar operaciones militares contra grupos rebeldes burundeses en territorio congoleño. Tanzania y Ruanda son también países vecinos con los que mantiene relaciones estrechas

La relativa estabilidad política ha propiciado el retorno voluntario de refugiados burundeses. Dicho proceso de retorno se inició en septiembre de 2017 y, desde entonces, en torno a 100.000 ciudadanos han sido repatriados (99.000 desde Tanzania, 2.700 desde Ruanda, 460 desde RDC y 740 desde Kenia). Según datos de 2019, hay 370.000 ciudadanos burundeses refugiados en otros países, principalmente en Tanzania (aproximadamente 200.000), Ruanda, RDC, Uganda y Kenia.

Con la UE, Burundi no mantiene un Acuerdo de Partenariado Económico, si bien el presidente Ndayishimiye ha manifestado su intención de normalizar la relación de su país con la UE.

España mantiene relaciones diplomáticas con Burundi desde 1969, si bien apenas existen relaciones comerciales bilaterales. Burundi no es un país prioritario de la cooperación española, si bien España ha prestado apoyo a la población refugiada burundesa en los campos de Tanzania (fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de España).

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Burundi está dividido en Burundi se divide en 18 provincias, 129 distritos y 2.638 comunas. Las provincias son: Rumonge, Cankuzo, Gitega, Rutana, Ru–tana, Ruyigi, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Muyinga, Ngozi, Bururi, Makamba, Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Cibitoke, Muramvya y Mwaro. El poder a nivel local está en manos de autoridades designadas por el Gobierno central.

GRUPOS ÉTNICOS: Al igual que en Ruanda, los tutsis y los hutus son las principales comunidades étnicas; los hutus constituyen la inmensa mayoría de la población y los tutsis, una minoría significativa. Otros grupos son los pigmeos twa y un puñado de pueblos de habla swahili, procedentes de Tanzania y la República Democrática del Congo.

Tradicionalmente, los hutus han sido agricultores, mientras que los tutsis han sido pastores. Existen algunas diferencias de estatus regional entre los tutsis, ya que el clan tutsi-banyaruguru se encuentra principalmente en el norte del país y el tutsi-bahima principalmente en el sur. Históricamente, los tutsis-banyaruguru dominaban en general el Burundi precolonial, mientras que los tutsis-bahima lo hacen desde la independencia. La sociedad se organizaba originalmente en torno a lealtades familiares y de clan. A partir del siglo XVI, estos vínculos se adaptaron para incluir una monarquía tutsi. Entre el rey (mwami) y el pueblo había una clase principesca (ganwa) que mantenía a los tutsis y a los hutus en igualdad de condiciones. La relación entre ambos grupos empezó a cambiar durante el periodo colonial, cuando los administradores coloniales alemanes y belgas favorecieron a los tutsis frente a los hutus (fuente: Britannica).

LENGUAS: Las lenguas oficiales de Burundi son el kirundi (lengua bantú que es el medio de comunicación estándar en todo el país) y el francés. El swahili, la lengua del comercio, se habla mucho en Bujumbura, al igual que el francés. Cabe destacar que el kirundi lo hablan tanto los hutus como los tutsis, que juntos constituyen la inmensa mayoría de la población del país; esta homogeneidad lingüística es poco frecuente en el África subsahariana (fuente: Britannica)

RELIGIÓN: el país cuenta con una población cristiana relativamente numerosa, ya que unas tres quintas partes de los burundeses se identifican como católicos romanos y más de una octava parte como protestantes. Una gran minoría, e incluso algunos católicos romanos, practican también la religión tradicional. Los musulmanes constituyen menos de una vigésima parte de la población. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado han sido un foco de tensión étnica desde la década de 1970. El Gobierno de la Segunda República (1976-87) intentó restringir las actividades sociales y educativas de la Iglesia Católica Romana, porque se consideraba que sus políticas favorecían a los hutus frente a los tutsis. Tras un golpe de estado militar en 1987, la cuestión se calmó temporalmente, pero la iglesia sigue siendo vista por muchos tutsis como una institución «peligrosa» (fuente: Britannica).

PENA DE MUERTE: abolida para todo tipo de crímenes

DERECHOS LGBTI: la actividad homosexual en Burundi es ilegal (se castiga con prisión).