El Correo, 2 de Julio- Los 23 trabajadores de Heldu, el organismo del Gobierno vasco que ayuda a los extranjeros ‘sin papeles’ a regularizar su situación, acusaron ayer a la consejera Gemma Zabaleta de poner en práctica una política social «conservadora» al suprimir ese organismo de forma «unilateral» y «chabacana». «Es increíble que un Gobierno socialista pida a las ONG de la Iglesia que se ocupen de los inmigrantes», resumió una empleada del servicio jurídico, que fue creado en octubre de 2002 y echará la persiana el próximo 15 de julio, cuando concluya el contrato con la empresa que lo gestiona.
Los trabajadores de Heldu, que han tramitado más de 33.000 expedientes, criticaron al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales en un acto convocado en la sede del Colegio de Abogados de Vizcaya, al que acudieron representantes de ONG, sindicatos y partidos políticos. Entre los presentes figuraban Roberto Marro, ex director de Inmigración del Gobierno vasco; Xabier Aierdi, director del Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi), y Mikel Arana, parlamentario vasco de Ezker Batua. Con Heldu se han solidarizado también decenas de organizaciones, entre las que figuran CC OO, ELA, LAB, PNV, Aralar, ANV, SOS Racismo, Medicus Mundi, Cáritas, así como trabajadores sociales de ayuntamientos y decenas de abogados de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.
Silvia Gutiérrez, portavoz de Heldu, negó que la atención a los ‘sin papeles’ esté excluida de las competencias que la Ley de Servicios Sociales atribuye a la Administración vasca, un argumento invocado por el Ejecutivo de Patxi López para eliminar el servicio. La trabajadora aseguró que el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Fantova, había sostenido tiempo atrás que Heldu sí tenía encaje en la legislación, si bien entonces trabajaba de «asesor» en el Gobierno de Ibarretxe, en el área del consejero Javier Madrazo. Igualmente, el actual director de Inmigración, Miguel Ángel Rodríguez, afirmó hace un año que el servicio jurídico era una «pieza clave» de su política.
Afloración de mafias
Los empleados de Heldu, que han anunciado movilizaciones de protesta, han propuesto al Gobierno vasco ocuparse del organismo en «régimen de cooperativa sin ánimo de lucro» o asignarlo a otra consejería, pero no han recibido contestación. Según ha explicado Gemma Zabaleta, sus funciones serán desempeñadas por varias entidades sociales, a través de un sistema de convenios con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, que está reorganizando las subvenciones al denominado Tercer Sector.
La plantilla de Heldu, cuyo presupuesto ronda el millón de euros anuales, sostiene que el cierre supone «un retroceso en la prestación de servicios públicos, del Estado de bienestar y del Estado de Derecho». A su modo de ver, el Gobierno vasco no ahorrará dinero, ya que, en adelante, «se va a repartir» entre entidades privadas. «Los inmigrantes -vaticinaron los empleados- quedarán en manos de bufetes y ‘chiringuitos’ jurídicos privados, que ahora van a florecer, lo que conllevará la creación de mafias que se aprovecharán de la especial vulnerabilidad de ese colectivo».
Varios inmigrantes manifestaron ayer su inquietud por el destino de los expedientes abiertos por Heldu. En principio, explicaron los trabajadores, toda la documentación será retirada por el Gobierno vasco el próximo 16 de julio de las oficinas de Bilbao (plaza Saralegi), San Sebastián (calle Larramendi) y Vitoria (calle Bayona).
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