El Correo, 25 de Marzo- El Parlamento vasco ha solicitado hoy que se fije un cupo de menores extranjeros no acompañados para cada comunidad autónoma en función de la población y, en su caso, de «otros parámetros». La Cámara, con el apoyo de PNV, PP y EA, ha reclamado también que la verificación de la edad de estas personas se lleve a cabo «mediante un sistema único y fiable».
El debate sobre esta cuestión ha sido llevado al pleno del Legislativo autonómico por el PNV, que ya ha planteado este asunto en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados. En la Cámara se ha registrado una división entre PNV, EA y el PP, que han sumado su mayoría para sacar adelante el texto que acordaron, y el PSE, Aralar, EB y UPD, que defendían otra iniciativa en la que no se planteaba el establecimiento de cupos y se apostaba por reforzar la «coordinación» en esta materia.
La proposición finalmente aprobada por nacionalistas y ‘populares’ insta al Gobierno vasco a que presente «con la mayor urgencia» ante la Comisión Interautonómica de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad y Política Social una propuesta que «garantice una adecuada y efectiva protección» de estos menores.
Dicha propuesta deberá tener como objeto que los menores extranjeros no acompañados, «una vez certificada su edad mediante un sistema único y fiable, sean puestas a disposición de los servicios competentes de protección» de las comunidades autónomas. Para ello, se propone fijar «el número de personas a atender por cada comunidad, en función de la población y, en su caso, de otros parámetros que se acuerden». El objetivo es que los servicios de atención a este colectivo «puedan desarrollar las políticas necesarias para posibilitar la educación, la formación y la inserción» de estas personas en el mercado laboral.
La Cámara, además, insta al Ejecutivo autonómico a «defender la propuesta unánime que plantearon de forma conjunta» el propio Gobierno y las diputaciones forales en la pasada legislatura para el establecimiento de «criterios estables y equitativos» en la atención de este colectivo, «teniendo en cuenta el número de menores ya acogidos» por cada comunidad, así como los ‘ratios’ de población, recursos y financiación.
Críticas a Mendia
La parlamentaria del PNV Nerea Antia ha justificado la necesidad de establecer cupos dada «la desequilibrada distribución» de menores extranjeros no acompañados en las distintas comunidades autónomas. Según ha afirmado, en Euskadi existen unos 700 menores de otros países tutelados por las diputaciones, cifra que, según ha dicho, en la Comunidad Valenciana no llega a 80.
Antia, además, ha expresado su «malestar» por las «gravísimas» declaraciones efectuadas ayer por la consejera de Justicia del Gobierno vasco, Idoia Mendia, quien ha afirmado que algunos menores optan por delinquir para ser ingresados en centros de reforma -dependientes del Gobierno vasco- en lugar de permanecer en centros de tutela -gestionados por las diputaciones-, dado que los primeros ofrecen una mejor atención. Antia ha acusado a Mendia de «entrar como elefante en cacharrería en un tema del que no sabe gran cosa».
«En su entorno»
Desde el PP, Laura Garrido ha subrayado que «muchos mayores de edad se hacen pasar por menores» para seguir siendo atendidos en los centros de tutela. De hecho, ha afirmado que «un 30%» de las personas inmigrantes identificadas como menores «eran adultos».
Además, ha defendido la necesidad de acabar con «la dejación» del Gobierno central en esta materia, al que acusó de dejar «un papelón» a las comunidades autónomas tras su política de «papeles para todos». Garrido ha afirmado que su partido defiende «el reagrupamiento familiar» de los menores extranjeros para que puedan vivir «en su entorno».
«Insolidaria»
La parlamentaria del PSE Teresa Laespada ha calificado la iniciativa aprobada de «alarmantemente insolidaria» y ha considerado que el establecimiento de cupos «colisiona con grandes impedimentos jurídicos y éticos». Además, ha afirmado que el número de menores extranjeros no acompañados en Euskadi ha descendido hasta el medio millar. En referencia a la inmigración, ha reprochado a ‘jeltzales’ y ‘populares’ que donde ellos perciben «una amenaza», el PSE observa «una oportunidad» de contribuir a la riqueza.
Laespada ha destacado que el respeto al «interés superior del menor» debe ser la «directriz básica» de las políticas que se desarrollen en este campo. La parlamentaria socialista ha recordado que tutela de los menores en situación de desprotección es competencia de las comunidades autónomas y ha reprochado a los impulsores de la iniciativa que «cuando tenemos un problema que no podemos resolver», pretendan que «nos lo resuelva el Gobierno central». Respecto a las declaraciones de Mendia, ha afirmado que es una persona «bastante juiciosa para decir lo que piensa».
«Como mercancia»
Por parte de Aralar, Oxel Errostarbe ha expresado sus «dudas» respecto al establecimiento de cupos y se ha preguntado qué ocurriría si se excede el número de inmigrantes no acompañados asignado a una comunidad. A su juicio, las declaraciones efectuadas ayer por la consejera de Justicia «son indefendibles».
El parlamentario de EB, Mikel Arana, ha reconocido que ha podido existir un «desbordamiento» de los recursos de las diputaciones en la atención a este colectivo, aunque ha subrayado que estas personas son menores con un «derecho de atención preferente». Desde UPD, Gorka Maneiro ha denunciado que PNV, EA y PP pretenden «repartir a los menores extranjeros no acompañados como si fueran mercancía».
Diputación exige rectificar a Mendia
El diputado foral de Acción Social de Vizcaya, Juan María Aburto, ha exigido a la consejera de Justicia, Idoia Mendia, que rectifique sus declaraciones sobre los centros de menores tutelados por las diputaciones porque «quiebran la confianza que debe presidir el trabajo interinstitucional y ponen en peligro futuras colaboraciones».
Aburto ha comparecido en Bilbao en una rueda de prensa convocada de urgencia para responder a las afirmaciones realizadas ayer por Mendia durante una visita a las instalaciones del Centro de Internamiento de Menores de Ibaiondo en Zumarraga (Guipúzcoa), dependiente de su departamento, donde afirmó que algunos menores prefieren delinquir para ingresar en el citado centro a quedarse en los centros que tutela la Diputación de Guipúzcoa.
Tales afirmaciones provocaron ayer que la entidad foral guipuzcoana solicitara una «reunión urgente» con el Gobierno vasco al considerar que las palabras de Mendia «deforman la realidad y dañan la labor seria y profesional que se desarrolla». Hoy ha respondido la Diputación de Vizcaya, que a través de Aburto ha calificado tales declaraciones de «inadmisibles», «irresponsables», «inauditas», «extraordinariamente graves» e «injustas» por lo «alejadas de la realidad» que se encuentran. «Si Mendia quería hacer daño lo ha conseguido», ha afirmado Aburto, quien ha dicho sentirse «triste» y no conocer qué es lo que pretende la también portavoz del Gobierno vasco con esas declaraciones.