Toda la información que rodea a la repatriación de los congoleños que estuvieron internos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Melilla, está cubierta por un manto de oscurantismo que no está permitiendo a los profesionales de los medios de comunicación, ni a los activistas de derechos humanos, poder ejercer en libertad su labor sobre este caso.
Desde la República Democrática de Congo nos llega la buena noticia de que la gran mayoría de los deportados ya han sido liberados y que empiezan a reunirse con sus familias y amigos. Desde la Delegación del Gobierno en Melilla nos aseguran que todos fueron trasladados en óptimas condiciones y que, después de haber pasado por las dependencias policiales para ser interrogados y abrírseles una serie de trámites administrativos, todos han sido puestos en libertad.
El portavoz del colectivo congoleño que permanece en Melilla, Jean Claude, nos enseña emails en los que compañeros deportados comentan que los que eran contrarios al régimen antes de salir de Congo continúan recluidos en la prisión de Kin Mazière.
Sabemos que cuando los inmigrantes que han entrado de manera ilegal a Melilla son trasladados a la Península, suelen hacerlo con una orden de expulsión y que, de no haber acuerdo de repatriación con sus respectivos países, podrán pasar un tiempo determinado en un Centro de internamiento de Extranjeros (CIE) y después pasarán a depender de distintas organizaciones sociales o podrán vagar libremente e intentar sobrevivir en territorio europeo.
El caso es que desde la Embajada de la República Democrática del Congo se insistió en que Kinshasa no reconocía a estos inmigrantes como ciudadanos congoleños y nunca confirmó que existiera acuerdo de repatriación con España. Por lo que, teniendo en cuenta que el país está sumido en una guerra interna y que actualmente tiene dos presidentes que gobiernan en paralelo, las organizaciones sociales y en defensa de los derechos humanos jamás pensaron que se pudiera producir la deportación, algo que tampoco esperaban los 52 inmigrantes que finalmente han sido enviados de nuevo a centroáfrica.
Desde que se produjeron los hechos, hace ahora una semana, el agente técnico de la Embajada de la R. D. del Congo en España, Honoré Kolongo Mabunda, no ha querido pasarnos con la encargada de asuntos consulares, Jocelyne Nzongo, y ha afirmado repetidas veces que ellos no saben nada de lo ocurrido y que desconocen por completo la repatriación, para terminar animándonos a que no insistamos más en el tema y colgarnos el teléfono para no volver a cogérnoslo.
Los responsables del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, donde estuvieron internos muchos de los congoleños ha confirmado la repatriación pero no ha podido darnos detalles por insistir en que eso es competencia de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Desde el gabinete de prensa policial madrileño se nos prometió una respuesta tras tomar todos nuestros datos y nunca llegó, ahora tampoco nos cogen las llamadas. El embajador de España en Congo, Félix Costales Artieda, nos atendió cordialmente y con prontitud, pero nos aseguró que este tipo de informaciones no dependen de él y nos instó a dirigirnos, para aclaración o información sobre este tema, a la Dirección General de Relaciones Internacionales y de Extranjería del Ministerio del Interior, dirigida por Carlos Abella y de Arístegui, que son los competentes por razón de la materia.
Tanto allí como en la Subdirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería, capitaneada por Jesús Sotero Fernández Caballero, nos ha sido imposible contactar con los diferentes cargos y siempre nos emplazan a mandar un email que aun no ha recibido respuesta.
Nos mueve el afán de saber la verdad, de esclarecer las partes más oscuras de esta cara más dura de la inmigración ilegal, pero, sobre todo, saber si hay o no un acuerdo lícito de repatriación entre ambos estados. Y, de haberlo, saber porqué se tiene recluida a una persona hasta tres años, en el caso de los congoleños, en un lugar, sin expectativas de futuro, sin posibilidad de movimiento, de trabajo, de formar una familia, robándole un parte de su vida hasta llegar a anularlo como ser humano; para después someterlo a la mayor de las torturas y frustraciones posibles como es la repatriación, máxime en las condiciones en las que se encuentra la república congoleña
Vía | El Telegrama