Ante la inminente caducidad del acuerdo de pesca que mantiene desde marzo de 2007 la UE con Marruecos, la maquinaria política europea ha estado trabajando intensamente de cara al encuentro fijado para finales de esta semana en Bruselas.
La ministra española de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, viajó la pasada semana a la capital belga para instar a la Comisión Europea de Pesca a que negocie con el país alauita una prórroga inmediata del acuerdo de, al menos, un año. En consonancia con esta postura, el ministro marroquí Khaled Naciri, por su parte, ha apuntado que el convenio debe ser “renovado para preservar los intereses de las dos partes, la posición más justa y útil”.
Sin embargo, la comisaria europea de pesca, María Damanaki, lleva meses solicitando a Rabat los supuestos informes por los cuales (según asegura el ejecutivo marroquí) los acuerdos pesqueros con el país alauita benefician a la población saharaui en el territorio del Sáhara Occidental. Esta exigencia se basa en los dictámenes de los servicios jurídicos de Naciones Unidas, según los cuales “la Potencia administradora que prive a los pueblos coloniales de los Territorios no autónomos del ejercicio de sus legítimos derechos sobre sus recursos naturales (…) incumple las solemnes obligaciones que ha contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas” (resolución 49/40, de 9 de diciembre de 1994).