La misión de observación ha visitado el país entre el 18 y el 22 de enero para reunirse con diversas ONG e instituciones oficiales.
La REMDH lamenta que el Ministro de Justicia haya declinado la solicitud de entrevista que le fue presentada proponiendo en su lugar un encuentro de la misión con un antiguo responsable del departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Este rechazo ha perjudicado a la misión ya que no ha permitido obtener las deseadas aclaraciones sobre la situación en las cárceles (donde parece que decenas de presos han sido víctimas de disparos mortales), el contenido del proyecto de ley amnistía, etc.
La misión de la REMDH aplaude la extraordinaria determinación del pueblo de Túnez para recuperar su libertad y poner fin al régimen instaurado por el antiguo presidente Ben Ali y rinde homenaje a los cientos de miles de personas, de toda condición social, cuya acción colectiva, a lo largo y ancho del país, ha conducido a la partida del dictador. La REMDH saluda igualmente la memoria de todas las personas que han perdido sus vidas en esta lucha por la libertad.
En cuanto a los acontecimientos que han tenido lugar entre el 17 de diciembre de 2010 y el 15 de enero de 2011, la misión de la REMDH considera que se trata de un alzamiento independiente del pueblo tunecino, exasperado por la falta de libertad, de justicia social y de democracia así como por la constatación de una corrupción sin precedentes en beneficio de un clan familiar y político.
La inmolación del joven “licenciado- parado” Mohamed Bouaziz fue el detonante. La cifra de muertos varía entre 78, según el gobierno, y más de cien según las ONG, mientras que se sigue sin conocer el número de heridos.
Tampoco existe hasta la fecha un registro preciso de las personas detenidas lo que alimenta la sospecha de posibles desapariciones. Varios testimonios y diagnósticos médicos permiten además concluir la existencia de malos tratos o torturas durante los arrestos y detenciones en las dependencias policiales.
A pesar de todo, la violenta represión del movimiento popular no ha impedido una mayor movilización de las fuerzas democráticas que ha conducido al final feliz que conocemos.
Sin embargo, la partida de Ben Ali no es suficiente para garantizar el restablecimiento de la democracia y de un estado de derecho. La persistencia de vínculos entre el Estado y el RCD (la Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), el partido en el poder del régimen de Ben Ali), como ilustraba hasta hace bien poco la afiliación a esta formación política del Presidente de la República en funciones, del Primer Ministro y de varios de de los ministros designados para las funciones más importantes, provoca una gran inquietud y rechazo tanto entre los partidos de la oposición como en la sociedad civil.
Hechos como la actitud de los miembros de las fuerzas del orden sorprendidos en la comisión de delitos de saqueo o agresión (a veces vestidos de paisano), o los actos violentos perpetrados por bandas armadas que dependerían de la RCD, así como la incertidumbre sobre el número exacto de víctimas mortales y las circunstancias en que decenas de prisioneros han perdido la vida, generan una gran preocupación en el pueblo tunecino y deben ser objeto de una investigación urgente e imparcial.
En este contexto, la REMDH recomienda a las autoridades tunecinas cuanto antes:
>> Publicar una lista de las personas detenidas durante las manifestaciones. Confirmar que la policía ya no lleva a cabo detenciones arbitrarias y que no maltrata ni tortura.
>> Garantizar que las bandas armadas que han hecho estragos ya no puedan actuar, e iniciar una investigación penal contra los detenidos por estos hechos.
>> Liberar a todas y todos los manifestantes por la libertad detenidos durante los acontecimientos. Liberar igualmente a todos los presos de conciencia tanto si fueron detenidos y condenados con el pretexto de acusaciones de derecho común o por motivos políticos. Poner fin sin demora a los procedimientos que aún puedan existir contra opositores al antiguo régimen.
>> Terminar con las escuchas telefónicas y disolver la policía política
>> Garantizar la conservación de sus archivos.
>> Tomar las medidas de urgencia necesarias, tanto en Túnez como en el extranjero, para incautar los bienes fruto de la corrupción y detener a las personas sospechosas de tales hechos.
>> Garantizar la libre circulación de todas y todos los tunecinos, lo cual implica la devolución de sus pasaportes a todos los que lo soliciten, y el fin de las limitaciones impuestas a las y los funcionarios públicos.
>> Restaurar la libertad de prensa poniendo fin a todo impedimento en el acceso a Internet y reconociendo la libertad de edición e impresión. Garantizar la independencia de los medios de comunicación públicos.
>> Restablecer la libertad de asociación, poniendo fin al procedimiento de autorización previa para la constitución de partidos políticos, asociaciones y sindicatos y a la obstaculización de su financiación.
>> Desarticular los vínculos entre el aparato estatal y el RCD. Requisitos mínimos para ello son: que el partido cese de disponer del personal funcionario para su propio beneficio, la restitución de los bienes inmuebles públicos apropiados por el RCD y la confiscación de los activos de esta organización.
>> Poner en marcha las medidas adecuadas para garantizar la satisfacción de las necesidades inmediatas de la población, incluyendo las de las personas sin trabajo.
En el corto plazo, la REMDH hace las siguientes recomendaciones a estas mismas autoridades:
>> Al Presidente de la República en funciones le corresponde nombrar un gobierno de transición que tenga la confianza de la población, lo que implica necesariamente la exclusión de las personalidades más comprometidas con el régimen anterior, especialmente de los principales ministerios.
>> Las tres comisiones cuya creación fue anunciada para estudiar el curso de los acontecimientos, la corrupción y la reforma de las instituciones y de las leyes, deben estar compuestas, por iniciativa de sus presidentes, por personalidades de la sociedad civil independientes y reconocidas. Deben poder actuar con total independencia, así como disponer de los recursos necesarios y de la cooperación de todos los servicios del Estado. Nadie debe poder oponerse a sus investigaciones. Su trabajo debe ser hecho público en un plazo de tiempo razonable y previamente establecido.
>> Iniciar las reformas legales necesarias para la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales libres, honestas y transparentes, bajo observación internacional, dentro de un plazo razonable que permita un verdadero debate democrático.
>> Restablecer el funcionamiento no partidista de todas las instituciones.
>> Crear una comisión independiente para evaluar las violaciones graves de derechos humanos desde la independencia de Túnez, determinar las responsabilidades, identificar a las víctimas y garantizar la reparación de los daños sufridos individual y colectivamente. Esta comisión propondrá las medidas necesarias para que tales hechos no se repitan. Le corresponde al pueblo de Túnez valorar cómo será castigada la responsabilidad de los autores de estas violaciones.
En términos más generales, las autoridades tunecinas, así como todos los integrantes de la sociedad civil y el conjunto de los partidos políticos deben iniciar un proceso de reformas basado en los compromisos internacionales de Túnez en materia de derechos humanos, buen gobierno, democracia, independencia de la justicia, igualdad de género y pleno respeto de la libertad de conciencia.
A la comunidad internacional y, especialmente, a la Unión Europea le corresponde:
>> Ofrecer su apoyo al proceso de reforma democrática en Túnez.
>> A corto plazo, es esencial que aporten su colaboración para la incautación de los fondos fruto de la corrupción y la detención de las personas sospechosas de tales hechos.
>> Para que el proceso democrático pueda desarrollarse sin obstáculos, la comunidad internacional y especialmente la Unión Europea, deben si fuera necesario proporcionar el apoyo financiero imprescindible, no sólo para las reformas emprendidas, sino para garantizar las necesidades económicas y sociales del pueblo de Túnez.
>> Los acuerdos de todo tipo, tanto políticos como financieros, con la Unión Europea deben ser revisados en su totalidad.
>> Oponerse firmemente a cualquier intento de injerencia externa en los asuntos de Túnez y de desestabilización del proceso democrático en curso. En un momento en el que las miradas de los habitantes de esta región del mundo se dirigen hacia el pueblo de Túnez que, al acabar con una dictadura, ha demostrado que la aspiración a la dignidad, la libertad, la justicia social y la democracia concierne a toda la ciudadanía, la universalidad efectiva de los derechos humanos y la voluntad de vivir en paz exigen el apoyo sin reservas al pueblo tunecino. La Unión Europea y, especialmente, España, Francia e Italia, que durante décadas han apoyado al régimen de Ben Ali, tienen en este sentido una particular responsabilidad.
La delegación de la REMDH se reunió con: Asociación de Mujeres Tunecinas para la Investigación y el Desarrollo (AFTURD): Radhia Ben Haj Zekri, presidenta, e Imen Hamza, tesorera y miembro de la Junta; Asociación contra la Tortura en Túnez (AILTT): Radhia Nasraoui; Asociación Internacional de Apoyo a los Presos Políticos (AISPP): Samir Dilou y Saida Al Akrami, presidenta; Asociación de Magistrados Tunecinos (AMT): Kelthoum Kennou, magistrado miembro de la AMT; Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD): Sana Benachour, presidenta; Consejo Nacional para las Libertades en Túnez (CNLT): Omar Mestiri, miembro de la Junta, y Mohammed Soudani, miembro del Consejo; Comité de Apoyo a la Cuenca Minera de Gafsa: Abderrahman Edhil y Abdessatar Ben Moussa, antiguo Decano del Colegio de Abogados de Túnez. Libertad Equidad: Najit Laabidi y Gradi Amor, miembros de la Junta; Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH): Mokhtar Trifi, presidente, y Malek Kfif, tesorero; Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT): Néji Bghouri, presidente, y Lotfi Hajji, antiguo presidente; Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT): Mohamed S’himi, secretario general adjunto; Partido Comunista de los Obreros Tunecinos (PCOT): Jilani Hamami, miembro del Comité Ejecutivo;
Ministerio de Interior: Ahmed Friaa, ministro de Interior; Ministerio de Justicia: Ridha Khemakhem, coordinador general de Derechos Humanos; Abderrazak Kilani, decano de la Orden Nacional de Abogados de Túnez; Taoufik Bouderbala, presidente de la Comisión de investigación y evaluación sobre los hechos desde el 17 de diciembre; y Abdesattar Amor, presidente de la Comisión sobre los presuntos actos de corrupción registrados en los últimos años; Delegación de la Unión Europea en Túnez: Adrianus Koetsenruijter, embajador, y M. Dirk Bouda, primer consejero.
Miembros de la delegación de la REMDH: Jendoubi Kamel, Presidente de la REMDH;
Michel Tubiana, Miembro del Comité Ejecutivo de la REMDH y Presidente honorario de la Liga de Derechos Humanos (Francia); Jesús Núñez, comisionado por ACSUR-Las Segovias (España) y Director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH);
Fabio Marcelli, miembro de Giuristi Democratici (Italia), comisionado por la Asociación Europea de Juristas para la Democracia y los Derechos Humanos y la Asociación Internacional de Juristas Democráticos; Marc Schade-Poulsen, Director Ejecutivo de la REMDH; Marta Semplici, Secretaría REMDH.