La Vanguardia, 5 de Octubre- El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la Ley catalana de acogida de inmigrantes. Según ha informado este luenes el Defensor del Pueblo, el pleno del TC acordó estudiar este recurso de inconstitucionalidad -presentado por la defensora en funciones, María Luisa Cava de Llano- en su última reunión del pleno, celebrada a finales de septiembre.
La Defensora en funciones explicó que la Ley de Acogida de Catalunya «establece una preferencia lingüística a favor del catalán sobre el castellano, tanto en la formación como en información y en la prestación de servicios de primera acogida para inmigrantes y para personas regresadas a Catalunya» de nacionalidad española.
Cava de Llano aseguró que este recurso está en consonancia con la sentencia del alto tribunal sobre el Estatuto de Autonomía de esa comunidad, en particular sobre la cooficialidad lingüística. El Defensor estima que esa regulación «va en contra del artículo 3 de la Constitución», referido al castellano como lengua oficial del Estado, el deber de conocerla y el derecho de usarla y a las otras lenguas oficiales en las respectivas CCAA.
Los magistrados Maria Emilia Casas Baamonde, Guillermo Jiménez Sánchez, Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay Montalvo, Jorge Rodríguez- Zapata Pérez, Ramón Rodríguez Arribas, Pascual Sala Sánchez, Manuel Aragón Reyes, Pablo Pérez Tremps han acordado su admisión a trámite.
El recurso afecta al artículo 9, en los apartados 2, 4 y 5, sobre las competencias lingüísticas básicas, que hacen referencia a «la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana», al catalán como «lengua común para la gestión de las políticas de acogida e integración» y, en el servicio de primera acogida, a la prioridad de la lengua catalana sobre la lengua castellana.
Tras la decisión del Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno de Catalunya tienen quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes, recuerda el Defensor del Pueblo.