El Correo, 5 de Mayo- La coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes, Harresiak Apurtuz, ha denunciado que la subdelegación del Gobierno en Vizcaya se ha negado a tramitar la documentación de un trabajador inmigrante, reconocido como víctima de una estafa por una reciente sentencia de la Audiencia Provincial. La asociación ha asegurado que la subdelegación impide la tramitación de un expediente de autorización de residencia para el trabajador que fue estafado pese a que la propia Ley de Extranjería obliga a las instituciones a tramitar estas autorizaciones a quienes colaboren para desarticular redes dedicadas a este tipo de delitos.
El pasado 2 de diciembre de 2009, Harresiak Apurtuz dio a conocer la sentencia condenatoria resultante del tercer juicio penal por estafas a siete trabajadores inmigrantes, cometida por la letrada I.L.V. del Colegio de Abogados de Vizcaya y un empresario. Para lograr dicha condena «fue fundamental la denuncia, testimonio y colaboración con la Justicia de los inmigrantes estafados», como consta en un informe emitido por la autoridad judicial, explica la coordinadora.
«Él se arriesgó»
Sin embargo, a fecha de hoy, uno de los trabajadores estafados no ha podido ver reconocidos sus derechos como víctima y regularizar su situación administrativa tal y como obliga el artículo 45.5 del vigente Reglamento de Extranjería. Ante esta situación, Harresiak Apurtuz solicitó el pasado 22 de febrero una reunión a la subdelegación de Gobierno solucionar esta situación pero no ha obtenido respuesta de la Administración, según ha expuesto.
La coordinadora ha reclamado «todas las garantías que dicta la Ley para este trabajador que sí creyó en unas instituciones que le reclamaron su denuncia y que ahora no le protegen, una vez que se arriesgó a colaborar en la desarticulación de esta red de estafadores».
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