Público, 25 de Noviembre- "Con Ruanda pasa lo mismo que con Israel y los palestinos", decía en una conversación privada el historiador francés experto en África Gérard Prunier. "Si dices que los palestinos sufren, eres antisemita. Si hablas del genocidio de los judíos, es que estás condonando que se maten palestinos alegremente", señalaba. "Es una locura, porque a menudo no se trata de elegir entre dos verdades: ¡Hay verdad en las dos!"
Esta opinión ilustra cómo un hecho brutal, una mancha en la conciencia de la humanidad como el genocidio perpetrado en Ruanda en 1994 ante la mirada impasible de la comunidad internacional y una ONU que retiró casi todas sus tropas tras las primeras bajas parece anular toda posibilidad de debate. Hay posturas en los extremos. Desde ahí se dan munición mutuamente.
El propio Prunier estaba bien considerado por el régimen de Paul Kagame hasta que comenzó a denunciar la falta de libertades y a cambiar de opinión sobre algunos hechos del genocidio. Pasó a ser considerado un negacionista.
Lo mismo le ocurrió a la difunta Alison Des Forges, la principal investigadora en Ruanda de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), y coordinadora de un exhaustivo volumen de 900 páginas que detalla cómo el régimen hutu que estaba en el poder a principios de los noventa planificó las masacres, adquirió machetes, adiestró a milicias y elaboró listas de tutsis que debían ser eliminados.
Des Forges también pasó a ser persona non grata del régimen de Ruanda cuando, con la misma independencia con que había documentado el genocidio, denunció que las tropas del Frente Patriótico Ruandés (FPR) cometían gravísimos abusos en el vecino Congo.
Para el Gobierno de Kagame, todo el que disputa su versión de los hechos pasa a engrosar la lista de revisionistas, incluso de genocidaires.
Del otro lado, están quienes sostienen una versión de los hechos que a menudo se guarda de llamar genocidio a lo ocurrido en Ruanda habla de "matanzas" o "masacres" y acusa a Kagame de "provocarlo" invadiendo el país en 1990 y derribando al avión del presidente Habyarimana hecho este último no demostrado a día de hoy en ningún tribunal (aunque se investiga en dos).
Esta versión defiende que Kagame respondió al genocidio tutsi con "otro" genocidio de hutus en Congo y atribuye a sus tropas los más de cinco millones de muertos que ha habido en el conflicto de ese país desde 1998. Algunos de estos elementos están en la querella que apoya la Fundación Solivar en la Audiencia.
Especialistas en derechos humanos creen que esa afirmación no se sostiene. La cifra de los cinco millones de muertos, elaborada por Internacional Rescue Committee, abarca a todas las víctimas del conflicto y la gran mayoría se debe a la desnutrición y las enfermedades derivadas de una contienda en la que participaron siete países y multitud de grupos armados, no sólo el FPR.
Por otro lado, para demostrar el crimen de genocidio hay que probar la intención de destruir por completo a todo un grupo en función de su raza, etnia, religión, etcétera. Explicado de forma sencilla, ello implica que no basta con matar a todo miembro de ese grupo que se encuentre, hay que hacerlo con la intención de acabar con el grupo entero.
El FPR de Kagame gobernó con hutus y permitió el regreso de cientos de miles de refugiados hutus que hoy viven en Ruanda. Por ello, hay expertos que creen que los presuntos crímenes del FPR no constituyen genocidio. Caerían en la categoría de crímenes de guerra.
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