La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra Gadafi, su hijo Seif al Islam al Gadafi y su jefe de inteligencia, Abdullah al Senussi, acusados de crímenes contra la humanidad. La CPI citó evidencia de asesinatos y persecuciones ocurridas entre el 15 y el 28 de febrero, durante las primeras protestas populares contra el régimen de Gadafi.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución a fines de febrero que derivó el caso de Libia a la CPI, y pidió a las autoridades en Trípoli que “cooperaran plenamente” con el tribunal. El 16 de mayo, dos semanas después de que se abriera una investigación sobre la situación en Libia, el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, pidió que se emitieran las órdenes de arresto.
Aunque Libia no es uno de los 116 países que reconoce a la corte (Túnez, el más reciente, se sumó hace dos días), la CPI tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio en ese país del norte africano gracias a que el caso fue derivado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que no tiene el tribunal, sin embargo, es capacidad de arrestar a los acusados. Esa es responsabilidad de los países y sus gobiernos.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, elogió las órdenes de arresto, y dijo que eran una señal de que “la ley podía alcanzar incluso a los que piensan ser inmunes”. Pero expertos reconocieron las dificultades para que Gadafi y los suyos fueran enviados a la justicia.
La dependencia de la CPI de los gobiernos para realizar arrestos supone un gran escollo, en especial cuando las autoridades de los estados pueden ser también cómplices de los crímenes investigados. En esa paradoja “reside la debilidad” de muchos tribunales y cortes internacionales, señaló Richard Dicker, director del programa de Justicia Internacional de HRW. ”El camino entre la orden de arresto y el propio arresto puede ser largo”, dijo.
Nadie puede predecir cuándo Gadafi, Sefi Gadafi y Al Senussi serán detenidos, y la historia provee antecedentes dispares. Acusado ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 1995 por crímenes de guerra, incluyendo genocidio, el ex general serbiobosnio Ratko Mladic fue arrestado recién el mes pasado. Sin embargo, la orden de arresto contra Charles Taylor, ex líder de Liberia, fue emitida en junio de 2003, y fue apresado en marzo de 2006.
Aunque a veces lento, el sistema internacional de justicia ha sido “extremadamente efectivo” en llevar al banquillo a individuos responsables de crímenes graves, dijo el coordinador de la Coalición para la CPI, William Pace. No obstante, reconoció que a veces los arrestos podían tardar. Al final de cuentas, los resultados dependerán de la cooperación de los funcionarios que rodean a Gadafi y de si estos son capaces de detenerlo y entregarlo a la corte.
Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el lunes, 100 días después de que comenzaran las operaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Libia. El subsecretario general del foro mundial para Asuntos Políticos, B. Lynn Pascoe, hizo una reseña a los delegados sobre la “frágil situación en la región”.
La OTAN mantiene sus ataques aéreos contra el baluarte de Gadafi en Trípoli, y a unas 50 millas de allí continúan los combates, señaló. En el frente humanitario, más de 1,1 millones de personas habían huido de territorio libio hasta el 23 de este mes, mientras que, desde el 29 de mayo, equipos humanitarios de la ONU han logrado acceder a algunas áreas para proveer ayuda.
En la misma reunión, el representante de Sudáfrica presentó las demandas de la Unión África para una “inmediata pausa en los combates y los bombardeos liderados por la OTAN con el fin de asegurar el respeto a la población civil”. La alianza occidental ha sido criticada por las bajas civiles causadas por los ataques aéreos. La semana pasada, la OTAN admitió que uno de sus bombardeos había matado a nueve personas no combatientes. El representante sudafricano subrayó: “Se necesita una solución política en vez de una militar” para lograr la paz en Libia.
Un portavoz de la Secretaría General de la ONU dijo que no tenía comentarios sobre las órdenes de arresto, y subrayó que la CPI era un órgano independiente. Por su parte, Moreno-Ocampo anunció que podía abrir una segunda investigación sobre crímenes cometidos durante los enfrentamientos entre el régimen de Gadafi y los rebeldes, apoyados por la OTAN, ya que la actual pesquisa sólo cubre a las semanas previas al conflicto.
Además de que se aplican en un número limitado de tiempo, las órdenes de arresto existentes son solamente por crímenes contra la humanidad, para los cuales existen evidencias, y no por crímenes de guerra. HRW anunció que instaría a al fiscal general de la CPI a investigar posibles crímenes cometidos por todas las partes, incluyendo la OTAN y los rebeldes libios.
A pesar de las incertidumbres, Pace se mostró optimista, y dijo que el impacto de las órdenes de arresto era “esperanzador”. También sostuvo que las acciones sobre Libia tomadas por “organizaciones regionales, el Consejo de Seguridad, los gobiernos árabes y la OTAN han casi seguro prevenido mayores crímenes”. Al final, sostuvo, estos esfuerzos “podrían terminar con otra dictadura represiva”.