El País, 28 de Enero- La intención del Gobierno de establecer un baremo de «habitabilidad», en función del cual los ayuntamientos podrán denegar el empadronamiento en domicilios que rebasen un determinado número de habitantes por metro cuadrado, ha sido bien recibida por los partidos mayoritarios. PP, CiU y PNV reconocen la necesidad de una norma que, entre otras cosas, pretende combatir los pisos patera.
No obstante, el PP no ha ahorrado reproches al Ejecutivo. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), que desató una polémica al instaurar por su cuenta un baremo de 20 metros cuadrados por habitante, hizo público ayer un comunicado en el que dice no entender cómo el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, les ha obligado a retirar unos requisitos para el empadronamiento «que ahora pretende convertir en norma para todos los municipios de España». Y el portavoz de inmigración de ese partido, Rafael Hernando, ha calificado de «chocante» que el Gobierno adopte la medida «después de dos semanas sosteniendo que no había que modificar la ley».
Aunque el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, afirmó que por ahora el anteproyecto de la Ley de Gobierno Local no incluye parámetros de habitabilidad, la portavoz de inmigración del PSOE en el Congreso de los Diputados, Esperança Esteve, declaró a Europa Press que lo recomendable sería establecer entre 10 y 15 metros cuadrados por persona.
A falta de precisar el baremo concreto, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, ha recordado que, desde hace tiempo, muchos ayuntamientos vienen constatando problemas de sobreocupación de pisos. «Es necesario un marco legal para hacer frente al problema», ha declarado, «entre otras cosas porque en esos casos siempre hay alguien que se lucra aprovechándose de la debilidad de los extranjeros sin papeles».
Para Emilio Olabarría, del PNV, los derechos de los extranjeros respecto al padrón ya están cristalizados en la Ley de Extranjería. «Al margen de eso», ha explicado, «el empadronamiento se viene haciendo hasta ahora con una mera declaración del solicitante, sin que éste tenga que aportar ninguna prueba de que efectivamente reside donde afirma. Eso provoca situaciones perversas, como alterar el censo para desnaturalizar resultados de elecciones o para obtener ayudas sociales en dos sitios distintos. Creo que exigir algún elemento probatorio resolvería muchos problemas. Es una reforma que apoyaríamos».
Sólo IU se muestra en contra de la medida que prepara el Gobierno. «Estoy estupefacto», ha declarado Gaspar Llamazares. «Primero, el PSOE rechaza la campaña del PP en Torrejón de Ardoz y ahora anuncia una restricción a la Ley de Extranjería; es decir, le da la razón al PP. Es una muestra de la desorientación general del PSOE».