Muchos países pobres negocian cada año con millones de hectáreas de bosque y tierras de cultivo, lo que enciende la mecha de conflictos civiles, según un estudio presentado hoy en Londres.
La organización Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI, en sus siglas en inglés) reunió en la sede de la Royal Society en Londres a un panel de expertos internacionales para debatir la «frenética venta de bosques y tierras de cultivo» que sufren, sobre todo, los países del tercer mundo.
«La venta de tierras fue uno de los factores clave para que se desencadenaran las guerras civiles en Sudán, Liberia y Sierra Leona y todo indica que podría seguir provocando nuevos conflictos en muchos otros países», advirtió Jeffrey Hatcher, director de la organización, en un comunicado.
Para frenar la escalada de violencia que podría provocar la compraventa de tierras en un futuro cercano, Hatcher apuntó como única solución que se reconozca el derecho de propiedad sobre los terrenos de los «millones de personas pobres que han vivido y trabajado en ellos durante siglos».
«Cada rincón de cada país tiene un dueño con derechos adquiridos», indicó el director de RRI, quien describió cómo, en el África subsahariana, los Estados reclaman la propiedad de 1.400 millones de hectáreas en las que habitan 428 millones de personas que forman parte de comunidades rurales.
En un informe elaborado por la experta en derechos sobre tierras Liz Alden, en el que se analiza la situación en 35 países africanos, se revela que las leyes en esa materia no se respetan en la mayoría de Estados y que las comunidades locales en raras ocasiones son tenidas en cuenta en los procesos de compraventa de terrenos.
«En los últimos cinco años, los inversores privados han multiplicado sus acuerdos con gobiernos para hacerse con tierras que pertenecen en realidad a las comunidades rurales», señaló Alden.
Además, frenar la venta de bosques es una condición indispensable para ralentizar el proceso del cambio climático, así como para reducir las tasas de pobreza en el tercer mundo, apuntó el experto de RRI Andy White.
Agregó que «los inversores privados tienen mucho que perder si no se dan cuenta de que deben respetar los derechos de las comunidades rurales. Con su forma de proceder surgen numerosos conflictos civiles y eso, al final, afecta a su cuenta de resultados».
«Muchas comunidades no se dan cuenta de lo que está pasando hasta que llegan las apisonadoras», explicó White, que subrayó la necesidad de hacer valer los derechos que asisten a las comunidades locales en esas zonas.
Vía | EFE