Miguel Angel Marín
Durante los últimos cuatro años la Unión Europea ha demostrado su falta de capacidad para elaborar políticas reales y realistas en materia de inmigración. Se está visualizando la realidad de una “Europa fortaleza” para las personas que no reúnen determinadas condiciones de entrada. La emigración hacia España de África ha representado siempre un proceso difícil, ahora extremadamente difícil, pues supone un enfrentamiento directo entre unas personas con enorme determinación y medios escasos y el enorme potencial de los Estados que cada día endurecen el control de sus fronteras, así como su política de repatriación de personas en situación de irregularidad.
La irregularidad es un problema estructural, permanente, crónico, provocado por la misma ley de extranjería. La irregularidad no es una condición buscada por quién emigra, sino una condición que las personas inmigrantes sufren y que no pueden superar en plazos relativamente cortos y razonables.
Durante los últimos cuatro años, España ha endurecido el control de sus fronteras, así como su política de repatriación de personas en situación de irregularidad. En 2007, poco más de 18.200 personas indocumentadas llegaron en cayucos o pateras a España, lo que supone una reducción de cerca del 60% en relación con el 2006, cuando en total llegaron a las costas españolas 37.647 personas inmigrantes. Esta tendencia ha sido confirmada en 2008: llegando a España 13.424 personas, un 25,6% menos que en 2007 (datos del Ministerio de interior de España MIR).
¿Las personas Inmigrantes tienen derechos?
A finales de 2007, el tribunal constitucional falló los recursos presentados por el Parlamento de Navarra y la Junta de Andalucía contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, sobre Derechos y libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. La sentencia del TC permitió reflexionar sobre la evolución de los derechos de las personas extranjeras en el Estado, comenzando por la importancia que tuvo el reconocimiento constitucional de determinados derechos de las personas extranjeras (enseñanza no obligatoria, reunión y asociación, derecho a huelga), excluidos de la reforma de la Ley de Extranjería del Partido Popular (Una Reforma con muchos oscuros y pocos claros, disponible en : http://www.mugak.eu/noticias/349 Acceso de 23 de enero de 2008.)
El 11 de diciembre de 2008, el Consejo de Ministros español aprobó una propuesta de anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería. El anteproyecto modifica medio centenar de los 71 artículos del actual texto de Extranjería y endurece la política de inmigración en términos casi idénticos a los que en los últimos años han ido defendiendo los partidos y grupos políticos más conservadores: terminar con los reagrupaciones de familiares “en cadena”, aumentar las multas a quienes “propician2 la inmigración irregular, incrementar aún más el control de los flujos migratorios y las fronteras, así como potenciar los instrumentos del Estado para llevar a buen término las expulsiones de personas indocumentadas, entre otras aspectos.
Muchas ONGs (entre ellas Nazioarteko Elkartasuna-solidaridad internacional) y plataformas políticas denunciaron que la propuesta contenida en el anteproyecto representaba una regresión en materia de derechos de las personas migrantes, al aumentar por ejemplo (en línea con la Directiva Europea de retorno) el tiempo máximo de retención en los Centros de Internamiento para extranjeros (CIEs) de las personas indocumentadas. A pesar de que, en tema de (CIEs), el sistema español siga siendo comparativamente más garantista que el de otros países de la Unión Europea.
El actual Gobierno de España, así como los anteriores, sigue sin entender que las personas extranjeras extracomunitarias son en primer lugar personas como cualquier otro ser humano, con múltiples dimensiones y necesidades. Reducir todo o casi todo a la condición de mano de obra sujeta a los avatares del mercado de trabajo, subordinada a las reales o supuestas necesidades del país receptor, es practicar un reduccionismo ideológico, insuficiente para solucionar cuestiones reales, además que éticamente cuestionable.
Fuentes:
Coordinadora para la Prevención de la tortura del estado español, “Informe para el relator especial de las naciones unidas para la cuestión de la tortura”, Madrid:2007
Mazkiaren M. “Derecho de las personas extranjeras en estado de aclaración permanente» Revista Mugak San Sebastián nº 42
A. Unzurrunkaga “Una reforma con muchos oscuros y pocos claros” Revista Mugak San Sebastian