El pasado 4 de marzo la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto para el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, presuntamente, en Darfu,r donde desde 2003 está ocurriendo una de las peores crisis humanitarias de nuestros tiempos, con más de 350.000 víctimas y 2,7 millones de personas desplazadas o refugiadas. Al-Bashir está acusado por su presunta involucración como supremo mandatario en perpetrar deliberadamente asesinatos, exterminio, violaciones, tortura, saqueo de la propiedad y desplazamiento por la fuerza de un gran número de civiles en Darfur, mediante la utilización de las milicias gubernamentales yanyawid. Sin embargo, la CPI ha optado por no procesarlo por genocidio por falta de pruebas, dejando abierta esta posibilidad si surgen evidencias suficientes en el futuro.
Esta decisión, que se adopta contra un mandatario en funciones, se ha aplaudido en los países occidentales y las organizaciones de derechos humanos como un triunfo para las víctimas y también celebrado como un factor desestabilizador para el régimen sudanés -que confiscó el poder en un golpe de estado islamista en 1989- y que ha obtenido un notorio record de gobernanza excluyente, opresión y violaciones de los derechos humanos, principalmente en las zonas periféricas del país (sur de Sudán, Darfur, Kordofán del Sur, y regiones del Nilo Azul del Sur, Mar Rojo y la Nubia sudanesa).
Sin embargo, existen varios interrogantes sobre el proceso y su impacto. En primer lugar, aunque Sudán tiene la obligación bajo el derecho internacional de ejecutar la orden de arresto en su territorio, el régimen ha expresado su rechazo contundente y como respuesta ha expulsado a varias ONGs occidentales de Darfur; Al-Bashir ha declarado que se debería juzgar a Europa y a los EE.UU. por utilizar la CPI para sus aspiraciones imperiales y hegemónicas, y desestabilizar a Sudán y su gobierno. Además, se han convocado manifestaciones en apoyo al presidente entre el electorado del Partido del Congreso Nacional (NCP) islamista que controla el gobierno en Khartum. En estas circunstancias, no parece probable que Al-Bashir sea procesado en un futuro cercano.
En segundo lugar, existen varios países que apoyan el régimen sudanés actual o expresan solidaridad por sus lazos culturales. Por ejemplo, los países de la Liga Árabe y la Unión Africana se posicionan generalmente contra el proceso. Dos miembros actuales del Consejo de Seguridad de la ONU, China -que apoya a Khartum por ser uno de sus principales proveedores de petróleo- y Libia, ya han expresado su indignación a pesar de tener la obligación formal de apoyar la decisión. Además, Egipto -cuyo principal interés estratégico es el agua del Nilo que atraviesa Sudán-, junto con los Estados del Golfo -con extensas inversiones en la zona- no están interesados en que se desestabilice el país por temor a que se agrave la situación de Darfur y que también perjudique el frágil acuerdo de paz entre el NCP y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, que actualmente controla el gobierno regional en el sur del país.
Los gobiernos de varios Estados africanos también han expresado su rechazo de la decisión por el efecto que puede tener con otros líderes actuales en África, incluso algunos de los 30 países africanos que han firmado el Tratado de Roma (108 países en total) para aceptar la jurisdicción de la CPI, han considerado su retirada del acuerdo. En este contexto, la decisión de la CPI se percibe como una medida impuesta principalmente por el poder occidental, y tiene potencial para generar crispación en las relaciones entre los gobiernos occidentales y los países del Sur.
En tercer lugar, la decisión de arrestar a Al-Bashir no será suficiente para derrocar el régimen en que él ha sido últimamente poco más que un símbolo. El grupo de poder en el NCP se forma alrededor del vicepresidente Ali Utman Muhammad Taha, quien controla la organización de seguridad estatal, siendo el menos afectado por la decisión de arrestar a Al-Bashir. Esto es a pesar de que existe un grupo de dirigentes en el NCP, junto con oficiales de las fuerzas armadas, que perciben la política de confrontación violenta con la periferia sudanesa como contraproducente, conllevando un aislamiento internacional, y favorece la estabilidad para seguir explotando los recursos nacionales, principalmente petróleo, que les ha convertido en inmensamente ricos.
Aunque la decisión de la CPI puede aliviar los sentimientos de las víctimas, no cambia la realidad de que en este momento ni el régimen ni los grupos rebeldes en Darfur parecen estar interesados genuinamente en un proceso de paz. Mientras que el NCP sigue prolongando la época de su régimen, la voluntad de los actores internacionales no ha sido suficiente para presionar el cumplimiento de los tratados de paz ya acordados. En esta situación es muy difícil que se celebren unas elecciones presidenciales y parlamentarias transparentes previstas en este año en Sudán, perjudicando las iniciativas de resolución del conflicto en Darfur y los procesos de paz existentes en otras zonas del país. Mientras, la violencia y el sufrimiento continúan.
Aleksi Ylönen es investigador del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid.