Los cuatro funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) retenidos en Libia desde el pasado 7 de junio tras visitar a Saif el Islam, hijo del depuesto dictador Gadafi, se han reunido por fin con sus familias en Holanda. El cuarteto, formado por el jurista español Esteban Peralta y su colega australiana Melinda Taylor, además del diplomático ruso Alexander Jodakov y la traductora libanesa Helene Assaf, llegó a Rotterdam a bordo de un avión cedido por el Gobierno italiano.
La repatriación ha cerrado un conflicto diplomático de profundo calado. La Corte acusa a El Islam de crímenes contra la humanidad, y sostiene que Melinda Taylor podía verle en su calidad de abogada de oficio. Para las milicias posrevolucionarias de Zintan (al sur de Trípoli), captoras de El Islam, y guardianas de los enviados de la CPI, hubo espionaje. Los emisarios de la Corte le dieron al reo unas cartas de Mohamed Ismail, que fuera su principal colaborador antes de la caída del régimen.
La CPI exige la liberación de cuatro delegados que visitaban al hijo de Gadafi
Al final, el contencioso ha podido resolverse con las disculpas ofrecidas por Sang Hyun Song, presidente de la Corte, por “los problemas causados por la misión”. Si bien rechazó haber cometido alguna irregularidad, aseguró que investigaría cualquier posible mala práctica. El contencioso ha mostrado la brecha que separa a las milicias de las autoridades libias, que preparan las próximas elecciones a la Asamblea constituyente para el 7 de julio.
Para los cuatro enviados de la Corte, cuya inmunidad diplomática ha sido ignorada, la odisea será difícil de olvidar. La abogada Taylor y la traductora Assaf fueron oficialmente arrestadas. El jurista español Peralta y el diplomático ruso Jodakov, permanecieron en Libia por solidaridad. Todos compartieron un mismo edificio donde eran vigilados. Si bien fueron bien tratados y disponían de ropa limpia, comida y televisión vía satélite —aunque no teléfonos móviles— el control ejercido sobre ellos por los milicianos era constante. Al principio, no podían salir del complejo. Luego la situación se relajó, según fuentes diplomáticas españolas. Ahora, los liberados esperan pasar unos días de descanso en familia.
Su liberación ha cerrado un conflicto diplomático que ha puesto a prueba la habilidad de los Gobiernos de España y Australia (representada en Libia por Reino Unido), además de Rusia y Líbano. Pero no ha despejado el futuro de Saif el Islam.
Los jueces de la CPI deben decidir si será juzgado en su sede de La Haya, o bien puede comparecer ante un tribunal libio. Allí, sin embargo, las cosas distan de estar claras. Los milicianos de Zintan quieren juzgarlo a domicilio, y no están dispuestos a ceder el protagonismo a las propias autoridades libias. Sin olvidar que la justicia internacional no contempla la pena capital, vigente hoy en Libia.
Vía | El País