El País, 27 de Enero- El Gobierno se dispone a dar a los ayuntamientos la posibilidad de denegar el empadronamiento en domicilios que rebasen una determinada proporción de habitantes por metro cuadrado. Esta llamada «causa de inhabilitabilidad» será incluida en la nueva Ley de Gobierno Local, que reformará la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 y que el Ejecutivo pretende remitir al Parlamento en el primer trimestre del año.
Aunque el baremo a partir del cual las solicitudes de empadronamiento serán denegadas aún no está decidido, fuentes del Ministerio de Política Territorial adelantan que será muy inferior a los 20 metros cuadrados por habitante que exigía el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) y que provocaron una polémica por la discriminación que suponían hacia los inmigrantes.
Las mismas fuentes insistieron en que esta medida no ha sido diseñada para los inmigrantes, aunque reconocieron que han tenido en cuenta que puede ser efectiva para combatir los llamados pisos patera. De hecho, un pionero en el establecimiento de estos criterios fue el actual ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, cuando era alcalde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
La intención del Gobierno coincide también con la solicitud que le formuló el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado día 14, en plena polémica por los casos de Vic (Barcelona) y de Torrejón de Ardoz (Madrid). «En función de los metros cuadrados de un domicilio», afirmó, «existe un límite de capacidad para albergar a un número de personas, y tiene que haber un criterio por normativa estatal a partir del cual los ayuntamientos no estemos obligados a realizar empadronamientos que físicamente sabemos que no pueden responder a la realidad».
Hasta ahora, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido evitar numerosos empadronamientos ficticios por un método de factura propia. Cuando una persona acude a empadronarse y el funcionario comprueba que en el domicilio que da figuran al menos otras 15 personas, suspende el trámite hasta que una patrulla municipal visita la vivienda y comprueba que, efectivamente, el solicitante vive en ella.
Algo parecido sucede en Barcelona, donde el padrón envía una alerta cuando en una vivienda hay más de 15 personas empadronadas. En esos casos, los funcionarios comprueban si realmente eso es así, por lo general enviando una carta al domicilio en cuestión o con una visita de inspección, informa Blanca Cia.
Pero la medida que el Ejecutivo se dispone a introducir en la nueva Ley de Gobierno Local también pretende acabar con el fraude electoral en los pueblos pequeños, en los cuales algunos candidatos pueden hinchar el censo con afines para ganar elecciones. El hecho de que en España el 85% de los municipios tengan menos de 5.000 habitantes facilita ese tipo de fraude. Otro fraude que la iniciativa trata de evitar consiste en que el Ayuntamiento aumente artificialmente el número de habitantes para beneficiarse de la PIE (Participación de Ingresos del Estado) y de planes provinciales de las diputaciones.
El secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, adelantó ayer algunas de estas novedades en un encuentro con la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Zarrías afirmó que la nueva norma dejará perfectamente claro que, todo ciudadano, documentado o no, tiene el derecho y el deber de empadronarse en el lugar en el que vive habitualmente, informa Anabel Díez.
Según explicó, la nueva ley mejorará los mecanismos entre el Instituto Nacional de Estadística y los Ayuntamientos para que estos últimos agilicen las altas y bajas en el padrón, de forma que puedan obligar a grupos de ciudadanos que se establecen en su territorio a empadronarse o, al contrario, puedan dar de baja a otros que ya no viven en él.