En 2008, continuaron y se intensificaron las prácticas represivas destinadas a obstaculizar y sancionar la actividad de los defensores de derechos humanos.
Muchos Gobiernos atentaron contra las libertades de reunión pacífica y de asociación , y muchos defensores fueron objeto de actos de represión especialmente graves y repetidos, en particular de arrestos y detenciones arbitrarios, amenazas, procedimientos judiciales y violencia directa.
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