Poder ejecutivo

Jefe de Estado: Presidente Paul KAGAMÉ *  (desde 2000) (Frente Patriótico Ruandés – FPR)
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Edouard NGIRENTE (desde 2017)

El presidente es elegido por sufragio universal y por mayoría simple de votos, para un mandato de 5 años (elegible para un segundo mandato). Una enmienda constitucional aprobada en diciembre de 2016 redujo el mandato presidencial de 7 a 5 años, pero incluyó una excepción que permitía al presidente KAGAME ejercer otro mandato de 7 años en 2017, potencialmente seguido de otros dos mandatos de 5 años. El primer ministro es nombrado por el presidente.

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron el 4 de agosto de 2017 (la próxima se celebrará en agosto de 2024). El presidente Paul KAGAME (FPR) fue elegido con el 98,8% de los votos.

Poder legislativo

El Parlamento es bicameral. Está formado por el Senado  (26 escaños). 12 de sus miembros son elegidos indirectamente por los ayuntamientos, 8 son designados por el presidente, 4 por el Foro de Organizaciones Políticas (un organismo de partidos políticos registrados) y 2 seleccionados por instituciones de enseñanza superior. Los miembros ejercen un mandato de 8 años. La Cámara de Diputados (80 escaños). 53 miembros son elegidos por sufragio universal y por voto de representación proporcional, 24 mujeres son seleccionadas por grupos de interés especial y 3 seleccionadas por organizaciones de jóvenes y de personas con discapacidad. Los miembros tienen un mandato de 5 años.

La Cámara de Diputados elegida en 2018 cuenta con 49 mujeres (61,25%) de un total de 80 miembros, frente a las 51 de la legislatura anterior. No obstante, sigue siendo la cámara con mayor proporción de mujeres en el mundo.

Poder judicial

La constitución de Ruanda establece un poder judicial independiente, que se basa en los sistemas de derecho civil alemán y belga y en el derecho consuetudinario. El Tribunal Supremo es el más alto tribunal; otros tribunales son el Tribunal Superior de la República, los tribunales provinciales, los tribunales de distrito y los tribunales municipales y de pueblo.

Ruanda también utiliza el sistema jurídico tradicional gacaca. En la época precolonial, los tribunales gacaca se utilizaban tradicionalmente para resolver conflictos entre familias. Los tribunales se celebraban al aire libre y los cabezas de familia actuaban como jueces. En el siglo XXI, este sistema se adaptó para juzgar a los acusados de cometer el genocidio de 1994. Esto se hizo porque el tremendo número de personas que debían ser juzgadas en relación con el genocidio dio lugar a una enorme acumulación de casos y a la imposibilidad de proceder de manera oportuna. Para aliviar el problema, el Gobierno propuso en 2001 juzgar la mayoría de los casos, consistentes en delitos menores, en tribunales gacaca; los tribunales se inauguraron en 2002 y comenzaron a funcionar por fases durante los años siguientes. Los acusados de los delitos más graves de planificación, instigación y dirección del genocidio debían ser juzgados por el sistema judicial ruandés, mientras que los altos cargos implicados debían ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para Ruanda, con sede en Arusha (Tanzania).

Ruanda detentó durante 2018 la Presidencia de la UA, impulsando la recta final del Acuerdo Continental de Libre Comercio (AfCFTA, por sus siglas en inglés), que implica la creación de un mercado continental único de bienes y servicios y una unión aduanera con libre circulación de capitales y viajeros de negocios. El acuerdo se firmó en Kigali (Ruanda) el 21 de marzo de 2018 y entró en vigor en 2021.  El presidente Kagame ha sido elegido Director de la Agencia de Desarrollo de la UA, responsable de poner en marcha la Agenda 2063.

En el plano regional, a las históricas diferencias con Burundi, se suma el deterioro de las relaciones con Uganda, a cuyo Gobierno acusa el Gobierno ruandés de amparar a grupos armados opositores y detener arbitrariamente a ruandeses. Ello ha llevado al cierre parcial del paso fronterizo de Gatuna y a emitir un aviso recomendando a los ruandeses no viajar al país vecino. Ruanda está comprometida con diversas misiones de Naciones Unidas: con la MINUSCA para la estabilidad en la RCA (1.600 efectivos); con la UNMISS en Sudán del Sur (2.271 efectivos) y con la nueva fuerza de protección regional, con alrededor de 900 efectivos adicionales. A ello se suma su continuada contribución a UNAMID en Darfur, con 2465 efectivos. En total 6.500 efectivos ruandeses, entre militares y policías, están desplegados en el exterior.

Con la UE, el XI FED (2014-2020) (FED: Fondo Europea de Desarrollo, instrumento principal de la ayuda comunitaria a la cooperación al desarrollo prestada a los Estados ACP y a los países y territorios de ultramar-PTU)- asigna a Ruanda 460 M€, divididos en dos grandes sectores: desarrollo energético y sector agrícola, en los que se invertirán el 43,5% de los fondos. Un tercer sector será el de gobernanza (8,7% de los recursos), además de programas para el apoyo a la sociedad civil (el 2,2%).

Con España, los intercambios comerciales son reducidos y poco significativos en comparación con el resto de países de África Oriental. Ruanda ocupó en 2019 la posición 178 como cliente de productos españoles (productos industriales y tecnologías), y la posición 172 como proveedor (zumos y extractos vegetales; café, té, mate y especias). En diciembre de 2020, el ministro Asuntos Exteriores, Biruta firmó en Madrid un Memorándum de Entendimiento para establecer un marco de consultas políticas, con el fin de profundizar el diálogo y la cooperación entre España y Ruanda. Ruanda no ha sido tradicionalmente país de cooperación para España, ni figura en la lista de países prioritarios del Plan Director de la Cooperación Española. La cooperación al desarrollo que se lleva a cabo con Ruanda se hace vía multilateral y vía cooperación española descentralizada (fuentes: Worldfactbook; Ministerio español de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Ministerio de Asuntos Exteriores de España)

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: para fines administrativos, el país está dividido en cuatro provincias (Norte, Este, Sur y Oeste) y una ciudad (Kigali), cada una de las cuales está dirigida por un gobernador. El país estaba dividido en 10-12 prefecturas desde la independencia, pero la estructura administrativa se reorganizó en 2006, en un esfuerzo por descentralizar el poder y crear zonas multiétnicas.

GRUPOS ÉTNICOS: al igual que en Burundi, los principales grupos étnicos de Ruanda son los hutus y los tutsis, que representan, respectivamente, más de cuatro quintas partes y alrededor de una séptima parte de la población total. Los twa, un grupo de cazadores-recolectores, constituyen menos del 1% de la población. Otras minorías incluyen un pequeño grupo de europeos (en su mayoría personal religioso, personal expatriado en misiones humanitarias y de cooperación al desarrollo, y personal vinculado a empresas), un pequeño número de comerciantes de procedencia asiática y africanos de Tanzania, Uganda y la República Democrática del Congo (entre otros lugares de origen).

Tradicionalmente, las diferencias sociales entre hutus y tutsis eran profundas, como demuestra el sistema de vínculos entre patrones y clientes (buhake, o «contrato de ganado»), a través del cual los tutsis, con una fuerte tradición pastoril, ganaron ascendencia social, económica y política sobre los hutus, que eran principalmente agricultores. Los sistemas pastorales y agrícolas, antes más diferenciados, se han ido integrando, y casi todos los hogares agrícolas se dedican ahora simultáneamente a la producción agrícola y ganadera. Durante la revolución hutu iniciada a finales de 1959, entre 150.000 y 300.000 tutsis fueron expulsados del país, lo que redujo la antigua aristocracia gobernante a una minoría aún más pequeña. Desde el final del genocidio de 1994, muchos tutsis han regresado a Ruanda para reclamar su herencia (fuente: Britannica).

LENGUAS: el país tiene cuatro lenguas oficiales: el kinyarwanda (también conocido como ruanda), el inglés, el francés y el suajili. El kinyarwanda (lengua bantú) es hablado por prácticamente todos los ruandeses. Está estrechamente relacionado con el rundi (también conocido como kirundi), idioma que se habla en el país vecino de Burundi. Tradicionalmente, el inglés y el francés sólo han sido hablados por una pequeña parte de la población, aunque el inglés fue designado lengua de enseñanza en 2008. El suajili está más extendido en las ciudades y sigue siendo el principal medio de comunicación con los habitantes africanos de los países vecinos (fuente: Britannica)

RELIGIÓN: en ningún lugar de África el cristianismo ha tenido un impacto más decisivo que en Ruanda. La revolución hutu obtuvo gran parte de su inspiración de las enseñanzas del clero europeo, y los seminarios católicos sirvieron de campo de reclutamiento para los líderes hutus. Más de dos quintas partes de la población del país son católicos, más de un tercio, protestantes y más de una décima parte, adventistas. Los musulmanes, los no religiosos y los miembros de grupos religiosos cristianos cismáticos representan en conjunto menos de una décima parte de la población (fuente: Britannica)

PENA DE MUERTE: abolida en 2007. Ruanda ha sido el primer país de la región de los Grandes Lagos que aprobó la abolición de esta pena. Las últimas condenas a muerte fueron impuestas en 2003. Las últimas ejecuciones de personas condenadas a muerte tuvieron lugar en 1998, cuando fueron ejecutadas 22 personas declaradas culpables de crímenes relacionados con el genocidio.

DERECHOS LGBTI: la actividad sexual consentida entre individuos del mismo sexo es legal desde 1980.  Pero aun cuando la homosexualidad no es ilegal de iure en Ruanda, la policía puede justificar las detenciones de presuntas personas homosexuales en virtud de las leyes que protegen la moral pública, según el actual Código Penal. El matrimonio entre personas del mismo sexo no está reconocido en Ruanda (si bien no hay prohibición constitucional ni estatuto que ilegalice el matrimonio gay). No existe censura relacionada con los temas LGBTI. Existe un organismo, la Institución Nacional de Derechos Humanos [INDH], que incluye la orientación sexual en su cometido de defensa de los derechos humanos.