Jefe de Estado: Presidente João Lourenço – quien se convirtió en el primer nuevo presidente del país en 38 años en septiembre de 2017

Jefe de Gobierno: Presidente João Lourenço

Asamblea: Angola tiene una Asamblea Nacional de una sola Cámara con 220 escaños.

* El presidente es a la vez jefe de Estado y Jefe de Gobierno

El Presidente es elegido por sufragio universal cada 5 años.

En la Asamblea Nacional 220 miembros son elegidos cada 4 años.

Presidenciales: 2009

Legislativas: 2012

El 27 de diciembre de 2007, en su tradicional alocución de fin de año, el presidente José Eduardo dos Santos anunció que las elecciones legislativas, prometidas desde hacía cinco años pero aplazadas una y otra vez, se celebrarían el5 y el 6 de septiembre de 2008. Por primera vez desde que en 2002 llegaran las hostilidades a su fin, se fijó una fecha precisa, aunque a la altura de mayo de 2008, a menos de cuatro meses de las votaciones, el jefe del Estado aún no las había convocado oficialmente.

El anunció llegó tras la conclusión, el 15 de septiembre de 2007, del censo electoral, que, a lo largo de 10 meses, permitió que más de 8 millones de angoleños obtuviesen una tarjeta electoral. Aunque algunos partidos de la oposición se quejaron de irregularidades, no parecía que a principios de 2008 los resultados del censo fueran merecedores de críticas de consideración.

A finales del primer trimestre de 2008, la campaña electoral apenas había comenzado: sus principales protagonistas ni siquiera habían hecho público su programa. El mayor peligro que debía afrontar la oposición era el de la disgregación. Además de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) -histórico oponente del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) y segunda fuerza en la Asamblea Nacional- y la decena de formaciones que contaban entre 1 y 5 diputados, el tablero político angoleño se repartía entre un centenar de partidos. En enero de 2008, la UNITA llamó a la formación de una gran coalición electoral, sin grandes posibilidades de reunir a las principales fuerzas opuestas al gobierno. La falta de medios económicos y de equipos políticos con experiencia electoral, como también la falta de educación cívica de la inmensa mayoría de angoleños, eran otros tantos desafíos que volvían muy difícil la tarea de la oposición.

Por otra parte, la situación política en la que había de desarrollarse la campaña resultaba muy tensa y la libertad de expresión estaba severamente controlada. En octubre de 2007, el director del Semanario Angolense fue condenado a una pena de ocho meses de prisión por varios artículos publicados en 2001 y 2004 en los que se acusaba de tráfico de influencias al ministro de Justicia. Varios periodistas fueron detenidos o condenados a finales de 2007, sobre todo en Namibe y en Cabinda. El radio de influencia de los medios de comunicación independientes se limitaba a Luanda: así, por ejemplo, el gobierno negó a Radio Ecclesia el derecho a emitir más allá de un perímetro restringido en torno a la capital.

Varios partidos de la oposición han manifestado que han sufrido actos de intimidación (amenazas físicas, interrupciones violentas de reuniones políticas, destrucción de los símbolos de sus formaciones), sobre todo en la provincia. Aunque taIes alegaciones no hayan sido probadas, ponen de relieve la tensión que se respira en el ambiente; que en la mayor parte de las denuncias no se haya llevado a cabo una investigación rigurosa permite pensar en la existencia de una clima de impunidad.

Al mismo tiempo, la situación «ni de guerra ni de paz” que desde 2002 prevalecía en el enclave de Cabinada continuaba y, con ella, las violaciones regulares de los derechos humanos. El acuerdo de paz firmado en agosto de 2006 entre el gobierno y uno de los brazos de las Fuerzas de liberación del enclave de Cabinda (FLEC) parecía sobre todo una fachada conveniente para dividir y debilitar a la oposición nacionalista.

Aunque el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas admitió en mayo de 2007 a Angola, las relaciones entre el Estado y las ONG activas en el país se fueron degradando: en julio, el director de la Agencia Angoleña de Coordinación de la Ayuda Humanitaria llegó a amenazar a seis ONG (tres inglesas y tres internacionales) con tomar represalias contra ellas por haber reprochado al gobierno la expulsión forzosa de más de 30.000 vecinos de algunos barrios de Luanda destinados a albergar lujosos proyectos inmobiliarios. El1 de abril de 2008, ese endurecimiento se confirmó mediante el anuncio del inminente cierre gubernamental de la representación en Luanda del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Así, pues, ha proseguido la estrategia que el gobierno angoleño puso en marcha tras el final de la guerra: se trata, por una parte, de coquetear con la apertura democrática presentándose como el partido de la paz y de la reconciliación nacional, y, por otra, de ahogar cuanto sea posible la dinámica política mediante una sutil mezcla de cooptación y represión que asegure el dominio del Estado, todo ello con el telón de fondo de un auge económico sin precedentes, estimulado por la cotización del petróleo en los mercados internacionales. Didier Péclard. El Estado del Mundo 2009.

Angola está dividida territorialmente en 18 provincias.

ETNIAS: ovimbundu (37%); ambundu (25%); bakongo (13%).

RELIGIONES: religiones africanas tradicionales (47%); católica (38%); protestante (15%).

Las etnias en riesgo durante la guerra fueron los bakongo (13%), los kimbundu (25%), los cabinda y los himba. En 2002, los lugares sagrados de la comunidad himba se vieron afectados por el turismo internacional, propiciado por el gobierno después del cese de la guerra.

En el período 2002-2005, más de cuatro millones de desplazados internos volvieron a sus hogares y retornaron al país alrededor de 350.000 angoleños desde Zambia, República Democrática del Congo, Botswana, Congo y Namibia. En 2005, el gobierno con el apoyo de ACNUR, lanzó la Iniciativa para la Reintegración Sustentable que estableció lugares clave para recibir repatriados en las provincias de Moxico, Uige y Zaire.

La guerra civil, que finalizó en 2002 y se prolongó durante 27 años, ha marcado seriamente al país, y una de las prioridades es restaurar las instituciones sociales de ayuda a los numerosos refugiados y huérfanos de guerra.

La pena de muerte en Angola fue abolida para todo tipo de delitos en 1992.

La libertad de expresión y de prensa está restringida. La mayoría de los medios de comunicación están controlados por el estado.