Representantes de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara (Ajasahara) y Justicia i Pau han presentando una denuncia administrativa ante el Ministerio de Economía contra la venta de armas del Gobierno español a Marruecos, limitada por la normativa que impide este tipo de transacciones a países en los que existen conflictos internos y no se respetan los Derechos Humanos.
Lafkir Kaziza
Alegan que, en 2011, el Gobierno permitió el envío a Marruecos de aeronaves valoradas en 1.529.901 euros y material de doble uso por importe de 1.580.858. Además, autorizó la exportación de material de defensa -en la categoría de bombas, torpedos, cohetes, misiles- y otras tecnologías de doble uso por un valor de 2.352.444 euros, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Estado de Comercio.
Y eso, cuando existe un conflicto abierto en el Sáhara Occidental y tanto la ONU como el Parlamento Europeo y diversas ONG vienen denunciando sistemáticamente las violaciones de Derechos Humanos de los saharauis que viven en la zona. Es lo que argumentan las asociaciones, que consideran que la venta de armas a Marruecos es contraria a la normativa legal en España. En concreto, a la Ley 53/2007, que en su artículo 8 determina que no se puede exportar material de Defensa en los casos en que existan "indicios racionales de que puede ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad regional; contra el respeto y la dignidad del ser humano; con fines de represión interna o en situaciones de vulneración de Derechos Humanos".
Para justificar que todo eso ocurre en el Sáhara Occidental, las asociaciones adjuntan documentos como el Informe Anual del Secretario General de Naciones Unidas de abril de 1012, que certifica la actividad sobre el terreno mediante la MINURSO, la misión de paz en la zona, y denuncia la construcción de torres de vigilancia, nuevos tramos de muro y la prolongación de los que ya existen para aislar a los saharauis. "Constata cómo coincidiendo con el periodo en que España autoriza armas a Marruecos, el Ejército marroquí comete infracciones al alto el fuego -pactado en 1991- y al Derecho Internacional", afirma Francisco Serrano, representante de Ajasahara.
Esposas ‘made in Spain’
Todo este proceso tiene víctimas de carne y hueso. Víctimas como Lafkir Kaziza, un joven saharaui de 22 años detenido durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en noviembre de 2010 y golpeado con un fusil que le ha dejado el brazo inmovilizado. Kaziza cuenta que permanecio en prisión durante 25 días, sometido a torturas constantes: "Nos soltaban perros por la noche, nos pegaban, nos desnudaban y apagaban colillas en nuestros cuerpos o nos hacían ‘el pollo asado’, una técnica que consiste en colgarte de una barra atado de pies y manos mientras te someten a fuertes corrientes de aire". Kaziza asegura que la tensión ha aumentado notablemente en El Aaiún desde las revueltas de Gdeim Izik. "Mi casa está en permanente vigilancia y han pegado a mi madre. Los saharauis ni siquiera pueden juntarse en la calle. Hay torturas, detenciones, desapariciones…", cuenta. Él ha conseguido venir a España porque un médico certificó que necesitaba ser intervenido en el brazo y, durante 15 días, se ha sometidoo a una huelga de hambre para denunciar la situación de los presos políticos saharauis.
Las asociaciones que presentan la denuncia consideran que las Fuerzas de Seguridad marroquí utilizan el material vendido por España en estos actos de represión. "Es lógico que las usen donde tienen el conflicto abierto", dicen. Kaziza, por su parte, cuenta que muchos de sus compañeros fueron detenidos con esposas en las que se leía ‘Made in Spain’. "En vez de permanecer neutral en el conflicto, España está armando al agresor, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, que consideran al Sáhara Occidental un territorio en proceso de descolonización ocupado ilegalmente", afirma Serrano. Por eso, piden que se paralice la exportación de armas y que el Ministerio de Economía revoque las autorizaciones existentes.
Recuerda además, la "rápida reacción del Gobierno ante las revueltas árabes, cuando suspendieron temporalmente la autorización de exportación de material de Defensa a los países de Oriente Próximo y el norte de África en los que se estuviesen produciendo revueltas". Así se revocaron licencias a Libia y se revisaron las acordadas con Túnez y Egipto y aunque la suspensión se levantó en mayo de 2011, se acordó que las nuevas solicitudes quedaran sometidas a un escrutinio especial. Extremo que exigen también para Marruecos.
Vía | El Mundo